Ni la Junta de Andalucía ni ninguna otra Comunidad Autónoma está en condiciones de colocarse en situación de rebeldía ante el Gobierno Central en un momento de emergencia nacional. Entre otras cosas porque es corresponsable de la situación crítica en la que nos encontramos. Es curioso pero los únicos proveedores a los que ha pagado la Junta han sido gracias al aval puesto por el Estado. El resto de pymes andaluzas que trabajan para la Junta o forman parte de algún concierto están a la espera de cobrar o, en algunos casos, cerrar. Su disposición de liquidez da para pagar las nóminas mes a mes. Al igual que sucede en muchas otras administraciones. Tan es así que la Comunidad Valenciana ha pedido acogerse al mecanismo regulador ofrecido por el Gobierno para evitar la quiebra. Es así de real y así de duro. El impacto de esta decisión por parte del Gobierno valenciano ha sido tal que el viernes llegamos a unos precios de deuda irresistibles y a una bajada de la bolsa impresionante. ¿Nos daremos cuenta de lo que nos estamos jugando? Es la hora de la responsabilidad de una vez por todas. No se puede seguir jugando al partidismo destructivo que se viene practicando casi desde la pasada contienda electoral.
España está a un paso de conseguir cierta estabilidad después de que Europa y algunos países en sus parlamentos hayan aprobado una inyección de 100.000 millones al sistema financiero. Esta medida calmaría mucho la incertidumbre internacional sobre nuestra capacidad de responder a nuestras deudas. Y también las medidas críticas que se aprobaron en el consejo de ministros del viernes. Es una lástima que todos los partidos políticos no hayan apoyado estas medidas. Cuando todos los partidos son responsables del actual desaguisado. Es una lástima y una vergüenza. No creo que haya más de tres personas que coincidan en todas las medidas que ha tomado el Gobierno. Pero la gran mayoría es consciente de la necesidad de las mismas. Otra cosa es que le toque a su propio bolsillo.
La línea roja que no puede sobrepasar la Junta de Andalucía tampoco la puede atravesar el propio Gobierno Central. Cuando se pasan por momentos críticos como el actual suele surgir un dilema: si digo toda la verdad de la situación –que es crudísima- el dinero que tiene que llegar huiría despavorido; si no digo toda la verdad estaría engañando. ¿Qué hacer? Pues decir la verdad a quien tiene derecho a conocerla. No hay necesidad de engañar ni de asustar a la gente. Ahí está el ejercicio de responsabilidad que tienen que vivir tanto la Administración Central como las autonómicas. Y el de trabajar conjuntamente para resolver –sin hacernos daño- los grandes problemas que nos acucian. Esta debería ser la actitud normal.
