La inspección del Ministerio de Empleo ha detectado más de 40.000 empleos sin contrato de trabajo, es decir, que cobran en dinero negro; también ha descubierto unos 4.500 trabajadores que cobraban el seguro de desempleo; 14.000 contratos falsos en el primer trimestre del año; unas 800 empresas ficticias. En la Seguridad Social acaban de descubrir que había unas 200.000 personas que compraban medicinas con recetas de pensionistas. Puestos a inspeccionar es muy probable que sigan apareciendo en distintos sectores de actividad bolsas de fraude pequeñas y grandes, con las que se hace necesario terminar. Es una cuestión de justicia distributiva que no solo tiene que imperar si no que arraigarse en la cultura de este país. No hay nada como una buena inyección de productos de limpieza por las cañerías del Estado para que las aguas fluyan algo más limpias. Si antes no se han tomado medidas serias de inspección contra el fraude seguramente ha sido por la impopularidad de las mismas. Y estos son los primeros resultados de la lucha que se está llevando a cabo en este terreno. No sé si por cuestiones éticas y de justicia o por la necesidad de conseguir dinero debajo de las piedras para hacer frente a los abundantes pagos que tiene que hacer el Estado.
Aunque haya que aplaudir estas medidas contra el fraude es muy posible que le surja a uno la duda de si es este el mejor momento para hacer zafarrancho de limpieza. Con cinco millones de parados y una relativa paz social se puede comprender que la gente no vive del aire. La economía sumergida ha crecido al mismo ritmo que la necesidad de subsistir. Y todo el mundo tiene derecho a subsistir. Nos encontramos pues en medio de un dilema que, sin duda, yo no dudaría en resolver a favor de los más necesitados. Si no hay trabajo con el que ganarse el pan para tus hijos no puedes impedir ese derecho poniendo trabas a otras vías alternativas aunque no sean legales. Digamos que serían alegales o ilícitas, pero nunca deberían ser delictivas. Por esta razón me inclinaría a no ser excesivamente diligente en las inspecciones en este preciso momento. Se pueden hacer cuando las cosas mejoren un poco.
Y por esta misma razón cada vez estoy más de acuerdo con el plan del ministro Montoro de regularizar el dinero negro o hacer una amnistía fiscal. Esta medida va dirigida a los que tienen recursos y supondría un ingreso para las arcas del Estado de varios miles de millones además de la puesta en circulación legal de otros tantos miles de millones tan necesarios. ¿Ante una época de necesidad recaudatoria imperante qué medida sería más justa?
Un comentario
lo mejor sería que hicieran una limpieza a todas esas grandes fortunas que llevan años defraudando al fisco y dejar un poco en paz al pequeño comerciante al que no le queda más remedio para poder seguir adelante.