Desigualdades autonómicas

Por Fernando Seco | mayo 23, 2013

Se supone que las autonomías se crearon, entre otras cosas, para evitar las desigualdades entre un español del norte y otro del sur; uno del este y otro del oeste. Pero mira tú por donde que, después de treinta años, estas desigualdades persisten y, en algunos casos, se acentúan. Como sucede con Andalucía y Canarias. También sucede que Cataluña y Andalucía son las que mayor presión fiscal tienen, por lo que no es de extrañar que muchas empresas  y ciudadanos se vayan a Madrid a declarar sus impuestos. Sería deseable –exigible a todas luces- que los distintos gobiernos autonómicos explicaran porqué estamos en esta situación. Tienen una autonomía fiscal suficiente para responder por sus acciones y, sin embargo, el malo siempre es el Gobierno Central que no les da más dinero. Esta excusa ya no sirve. Y, sinceramente, habría que echar a la calle a más de uno y de dos gobiernos. Por inútiles.

Ninguna comunidad autónoma quiere que se beneficie a otra –Cataluña, por ejemplo- en detrimento de una misma, sobre todo si se han cumplido los planes del Gobierno sobre contención del déficit. Y esa es una postura justa. Quien no cumple, no tiene los mismos derechos que el que cumple. Porque ha sido insolidaria con los demás. Y quien ha sido insolidario con los demás no puede luego venir pidiendo solidaridad. Otra cosa es que haya deudas pendientes con una comunidad o que el sistema de reparto de los ingresos del Estado requiera de algún retoque, en aras de la justicia distributiva.

Hay algunas cosas que no se pueden entender con facilidad, pero van todas en la misma línea. Por ejemplo, con la reforma del sistema financiero quienes han pagado el pato de los destrozos de las cajas de ahorros han sido básicamente los bancos y los ciudadanos. Quienes han pagado los platos rotos del sistema educativo vigente, han sido los buenos estudiantes y los que no querían estudiar. Y quienes pueden pagar los destrozos de la mala gestión de algunas comunidades autónomas son el resto de comunidades. Es un concepto curioso de la solidaridad y de la justicia, que más parece una especie de socialismo discriminatorio con base en la discrecionalidad; es decir, algo muy difícil de explicar bajo el prisma del criterio y de principios coherentes de buen gobierno.

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Ley de Educación

Por Fernando Seco | mayo 22, 2013

Dejemos a un lado los recortes económicos por un momento y ciñámonos al fondo de la nueva ley de calidad de la educación y a sus puntos principales. La sustancia del nuevo sistema educativo que pretende el Gobierno actual es elevar el nivel medio de nuestros jóvenes para que puedan tener más posibilidades en el futuro y puedan forjar su destino con sus capacidades. Será seguramente el bien más preciado que pueda tener una persona para salir adelante en la vida. No todos están dotados para ser catedráticos, o ingenieros o médicos o abogados. Como tampoco todos están dotados para el trabajo manual o más técnico por la vía de la FP. Evaluar estas capacidades y encontrarlas en los alumnos de educación básica es el objetivo. No obstante, siempre habrá posibilidad de que un chaval se reenganche tanto a la universidad como a la FP.

Y este ideal es el que pretende sustituir al actual de café para todos. Aunque sea aguado. El modelo de anteriores gobiernos socialistas promocionaba pasar de curso a toda costa y que accediera el máximo número de personas a la universidad, aunque eso supusiera una menor exigencia a todos los alumnos, anulando así las capacidades propias de cada cual. Un complejo que, posiblemente, ya está superado por la actual sociedad, pero que pesaba y sigue pesando en algunos núcleos del socialismo español. De aquí el abultado fracaso escolar y su abandono precipitado, con tasas del 25 por ciento de media, que en Andalucía son mayores. Y esto no podía seguir así.

Con esta ley no peligra la enseñanza pública, ni mucho menos. La mejorará, en todo caso. Aumenta además la libertad de elección de enseñanza por parte de los padres, lo cual siempre es bueno. Solo un sistema totalitario tiene miedo a la libertad. La enseñanza del castellano en Cataluña y la contabilidad de la asignatura de religión para la nota final, pueden ser los elementos polémicos. El primero más por las formas y el segundo, sin fundamento, pues con el PSOE ya se contabilizaba. No obstante, merecerían comentario aparte.

Dicho lo cual,  no renuncio al derecho que como hombres libres tenemos los ciudadanos de exigir un sistema educativo que esté al margen de los avatares políticos y de las ideologías. Mientras,  nos tendremos que ir conformando con leyes mejores o peores, según la capacidad de los gobernantes de turno. Y en este caso, creo que algo vamos a mejorar.

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La pyme frente a su financiación

Por Fernando Seco | mayo 13, 2013

El dinero está muy barato. El Banco Central Europeo fijó la semana pasada sus tipos en 0,50 puntos y además abrió el grifo a toda petición de liquidez por un periodo de año y medio. Sin límites. Se supone que con esta medida el crédito podría llegar a la pyme para financiar sus necesidades básicas. La pequeña y mediana industria ha dado muestras de fortaleza de capital, en términos generales, puesto que la mitad de la deuda privada española está en manos de las empresas del Ibex 35, y el resto, la tienen las pymes. Algo que no se puede predicar tanto de la pyme andaluza –en general- que ha estado menos capitalizada y, por tanto, ha sufrido mucho más la crisis, como se desprende de todos los estudios financieros.

Lo que parece quedar claro en el sistema español es que las cajas de ahorros fueron las principales culpables de la crisis financiera, pues ha sido este sector el que ha tenido que ser  reestructurado y al que hemos tenido que rescatar con dinero europeo y propio. Y han sido los bancos quienes han tenido que soportar ellos solitos todo el vacío que han dejado las cajas, además de sostener al Estado comprando deuda pública. Vamos a dejar las cosas claras porque a muchos se les llena la boca con las críticas al sistema bancario y se olvidan de la historia rápidamente. Las pymes que eran clientes de bancos siguen recibiendo financiación bancaria. Cierto que se han estrechado márgenes, intereses y ampliado condiciones, pero es que el dinero es un bien preciado, sobre todo cuando es de uno. Las cajas igual no operaron con esta filosofía de cuidar lo suyo, porque no era suyo sino de otros.

Es por tanto cierto que no fluye con la facilidad de antes el crédito y que las nuevas condiciones de su precio tampoco lo han permitido. Como también ha fracaso la reforma financiera del Gobierno que pretendía, igualmente, que fluyera el dinero. Aunque desde luego ha evitado el colapso.  Las pymes y empresas más grandes tienen posibilidad de seguir viviendo de la financiación bancaria o acudiendo a bolsa o a fondos de capital. Sin embargo, la pequeña empresa no tiene más remedio que acudir a la economía sumergida para seguir sobreviviendo. De ahí que haya aumentado. Pero no le veo otro remedio, al menos por ahora.

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Decretos que son humo

Por Fernando Seco | mayo 12, 2013

El decreto sobre la Función Social de la Vivienda puede terminar como se esperaba: en humo. Bruselas acaba de señalar, tras la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de esta norma, que se pueden vulnerar los compromisos financieros de España con la UE, a propósito de las multas a los bancos y las expropiaciones forzosas de casas vacías. Este es el proceder que pretende el Gobierno andaluz para resolver el problema de los desahucios en nuestra comunidad, donde existen más de 600.000 viviendas vacías, a noviembre de 2011, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística. De esta cifra, la mayoría serían segundas residencias y se encuentran en zona costera. Y según informa la propia consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ninguna de estas viviendas vacías es de titularidad pública, lo cual se ha puesto en duda por otras instituciones.

Al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no le ha hecho ninguna gracia que Bruselas se haya inmiscuido en asuntos propios –que no lo son porque afecta a leyes nacionales y a una armonía normativa a nivel nacional-. Tan es así que ha llegado a afirmar que si Bruselas no da el visto bueno a este decreto, “Europa no merece la pena”. La verdad es que afirmaciones populistas de este tipo hacen un flaco favor a la seriedad que hemos de pedir a un gobernante. Seriedad y credibilidad. Andalucía no sería lo que es hoy si no hubiera sido por los fondos europeos. Y sería mejor todavía si se hubieran utilizado mejor. Pero este es otro cantar.

Toda norma debe ir acompañada de los recursos necesarios para llevarse a cabo. Y da toda la impresión que el decreto sobre la Función Social de la Vivienda no está suficientemente dotada para llevar a cabo su cometido. No creo que ninguna entidad financiera se oponga a que la Junta expropie durante tres años el uso de una vivienda para alojar a familias desahuciadas, siempre que se pague por la expropiación. Una acción que está contemplada en nuestro derecho. Y una acción social –de carácter extraordinario- que sería digna de acometer por un gobierno. Ahora bien, si lo que pretende la Junta es expropiar sin más o pagar con las multas que ponga al sistema, eso es tener mucha cara dura.  O querer imitar a las sanguijuelas, que se sirven de los demás para sobrevivir chupándote la sangre.  Porque al final quien paga los platos rotos son los de siempre: quienes pagamos nuestros impuestos. Y de impuestos ya andamos muy sobrados.

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88,5 millones

Por Fernando Seco | mayo 7, 2013

Esta semana pasada presentó su dimisión como vicepresidente y consejero delegado del Banco de Santander, Alfredo Sáenz. Se despide de la vida profesional en el campo de las finanzas de una forma que no le hubiera gustado a nadie y, menos a quien ha sido una pieza clave en la historia reciente de la banca española. Antes que ser inhabilitado por el Banco de España, como consecuencia de la comisión de un delito por falsa declaración del que fue condenado, presentó su dimisión. Lógicamente pactada con la entidad financiera. Pues con su salida, el bancario más poderoso de las últimas dos décadas, tiene derecho a embolsarse 88,5 millones de euros de pensión, a costa del banco al que ha servido con fidelidad, le ha hecho ganar mucho dinero y lo ha colocado en los primeros puestos del ranking mundial. Estos son los hechos.

Nadie puede discutir la valía profesional y personal de Alfredo Sáenz –aunque errores los podemos cometer cualquiera-.Desde que ocupó los primeros puestos directivos en el antiguo Banco de Vizcaya a finales de los ochenta, pasando luego al BBV, Banesto y Santander. Habiendo reflotado Banca Catalana y Banesto.  No. Nadie discute esto. Ni siquiera que pudiera tener posiblemente el mejor sueldo de la empresa española. Grande era su responsabilidad y enormes han sido sus éxitos en el Banco de Santander. Pero es difícilmente explicable una pensión de esa magnitud.

Los accionistas poco han tenido que ver en estas decisiones sobre emolumentos. Ahora parece que este tipo de sueldos pasarán por el visto bueno de las juntas. Al fin y al cabo, es el dinero de los accionistas el que está en juego. Y, también a la postre, es un dinero que se le retrae al accionista en forma de dividendos. Al margen de esta decisión técnica, se puede plantear la moralidad de cifras tan elevadas. La sentencia trampa que se suele argumentar es que el mercado es libre y si hay alguien que te lo pague, pues bienvenido sea. Evidentemente cada cual hace lo que quiere con su dinero, pero no con el dinero ajeno. Estarán conmigo en que no es normal esa pensión. Como tampoco lo es que un jugador de fútbol se embolse 12 millones anuales de un club. Ahora se ha puesto coto a esos sueldos millonarios futboleros en orden a la igualdad de oportunidades –y de las cuentas de los clubes- en el fútbol. Seguramente habría que poner algún tope también a los emolumentos de directivos, sobre todo si dependen, en gran parte, de un variable según resultados. La avaricia puede hacer mucho daño en la gestión de una empresa. Y cualquiera puede cometer un error.

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Trabajando que es gerundio

Por Fernando Seco | mayo 5, 2013

Las cosas buenas se echan de menos –y se valoran más- cuando faltan. Y más sin son estrictamente necesarias como es el trabajo, pues por el fruto del trabajo se recibe una contribución dineraria que permite el mantenimiento propio y el de una familia. Alguna corriente ideológica que considera el trabajar como un castigo ha permanecido hasta nuestros días. Pero es realmente falsa desde todo punto de vista. Cuando cada primero de mayo llega la fiesta del día del trabajador y los sindicatos se echan a la calle, las únicas consignas que se leen y llegan al gran público son del tipo: derecho al trabajo; por un convenio justo; abajo los patronos; más salarios y menos palabras, y cosas por el estilo. Sin dejar de ser ciertas algunas de estas reclamaciones –y otras más falsas que Judas-, siempre concluyo que la consideración que se hace de esta acción humana es realmente pobre.

El trabajo más que un derecho es una obligación. Pues la primera premisa es que quien no trabaja no come. Algo que por desgracia podemos experimentar en nuestro entorno. Lo que hará el derecho será garantizar las mejores condiciones para desarrollar el trabajo en buena armonía con la dignidad de la persona, lo que supone un salario justo, un horario adecuado compatible con la vida familiar y personal, un contrato satisfactorio para las dos partes etc. Ciertamente, el Estado tiene que procurar las condiciones suficientes para que sus ciudadanos puedan ejercer un tipo de trabajo que pueda satisfacer sus necesidades más elementales.

Más allá de esta consideración, toda labor humana contribuye –o debe contribuir- al enriquecimiento de la persona y a un desarrollo equilibrado de sus aptitudes. Y cuando el trabajo encomendado está bien hecho, es cuando culminan esas potencialidades que tienen tanto el hombre como la mujer. En el trabajo se ejercitan la responsabilidad, la paciencia, la utilización de todos los sentidos en la tarea encomendada, el aprendizaje, el orden, el compañerismo, la obediencia, la humildad, la generosidad. Al menos es el lugar habitual en el que se pueden ejercitar todas estas virtudes que, de otra forma, difícilmente podrán desarrollarse en otro ámbito. Es decir, que el trabajo bien hecho enriquece a la persona y al conjunto de la sociedad.

Entiendo que si no se desarrollan estas potencialidades en el trabajo es que se lo considera como un mal necesario; como una carga que no hay más remedio que acometer para cobrar a fin de mes. Una visión así de chata empequeñece a las personas y a la sociedad en la que viven. Y sería una pena malgastar así los talentos que tenemos.

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Palo y zanahoria

Por Fernando Seco | abril 30, 2013

Es posible que alguien adivinara a finales de 2011, cuando llegamos a 5,2 millones de parados, que un año largo más tarde, alcanzaríamos los 6,2 millones de parados. Pero creo que la mayoría no se lo podría haber imaginado. Que un  país pueda llegar a tener una tasa de paro del 27 por ciento, como pronostica el Gobierno para 2013, significa que ese país está muy enfermo y mal estructurado, como consecuencia de políticas económicas deficientes y erróneas durante lustros. Y eso no se arregla en dos días, ni en cuatro años. Como bien dijo el viernes la vicepresidenta del Gobierno, la política económica no se improvisa. Y da sus frutos poco a poco. Es como una arboleda incendiada. Tarda años en volver a su esplendor. Esto es lo que dicta la razón, pero cuando la necesidad aprieta, pocas razones valen. Ese es el estado de situación actual de España.

En este panorama quien lleva las de perder son los más débiles. Y Andalucía es débil. Como lo atestigua el millón y medio de parados alcanzados al cierre del primer trimestre. Hace casi 25 años que llevo escribiendo de economía, cuando inicié la andadura del diario Expansión en Andalucía. Y desde entonces vengo repitiendo la misma cantinela. Pero ya se ve que doctores tiene la Junta. O ausencia de los mismos. Las responsabilidades se comparten, para lo bueno y para lo malo. En el gobierno de la Nación y en el gobierno de Andalucía. Cada cual ha tenido sus tiempos de bonanza que no han sabido aprovechar. Y la verdad es que no tenemos otra alternativa que confiar en lo que ahora nos dice el Gobierno actual. Es duro el momento, sí, pero los efectos de las reformas llegaran.

El viernes pintaron un cuadro macroeconómico corregido. Peor del esperado a finales del año pasado. Al menos no nos engañan, y sabemos a qué atenernos.  Parece que el paro tocará fondo este año. También la evolución de la economía, que será negativa entorno al 1,3 por ciento del PIB. Y que el año próximo será el inicio de la recuperación. Es una cantinela que venimos escuchando desde 2009. Pero no tenemos más remedio que agarrarnos a estos claros de esperanza. Aunque todo sería más llevadero si las reformas –necesarias- comenzaran a dar algún signo positivo unas, y otras, comenzaran a aplicarse cuanto antes. Y que junto a la política de austeridad se notara la necesaria inversión pública o, al menos, incentivación de la inversión privada. Es decir, palo y zanahoria. Algo de burros debemos de tener.

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Campeones de corrupción

Por Fernando Seco | abril 28, 2013

¡Qué orgullo más grande! Andalucía es la comunidad autónoma donde más delitos vinculados a la corrupción se tramitan en los juzgados españoles. De un total de 1.661 causas en curso  a nivel nacional, 541 se llevan en juzgados andaluces. Evidentemente esto es solo la punta de un iceberg, puesto que la mayor parte de los delitos o no llegan al juzgado o no llegan a instruirse por falta de pruebas, lo que no significa que no exista esa práctica. Estos números forman parte de un informe del Consejo General del Poder Judicial, donde no se define qué es corrupción, pero sí se incluyen los delitos referidos a prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas. Hechos todos estos que se encuentran en el tipo penal de corrupción política y económica. Triste. Muy triste.

Corrupción es desnaturalizar la razón de ser de algo. En política, por ejemplo, sería servirse del cargo para enriquecerse. O el abuso de poder. En el ámbito empresarial, sería estafar, alterar el precio de las cosas, ocultar beneficios o pérdidas etc. En ambos casos, se trata de comportamientos desordenados, poco rectos, que acuden a elementos comunes de toda corrupción: el engaño, la mentira, la avaricia, el orgullo…etc. Y pueden sobrevenir por la falta de preparación de quien ostenta un cargo público o empresarial, o por su falta de integridad. Para un corrupto no ha límites. Todo vale.

Lo que igual no se tiene en cuenta en los juzgados son las consecuencias de un acto corrupto. Por ejemplo, una actuación de este tipo puede dejar sin pensiones a jubilados, indemnizaciones a despedidos, atención sanitaria a quien la necesita, educación básica de calidad a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque se han desviado recursos de un lugar a otro, o porque se han evaporado, o porque los dineros se han gastado mal. Y esto es muy grave.

Creo que esta simple estadística del Consejo General del Poder Judicial enseña muy gráficamente que la corrupción ha intervenido de manera principal en la crisis económica que nos acucia. Y en la crisis de valores que nos limita para ver con claridad la causa de los problemas y aplicar una solución. Por eso es importante que nuestros dirigentes –en lo público y en lo privado- sean personas honestas y preparadas. Y que den buen ejemplo.  Pues de lo contrario el ciudadano de a pie se tomará la justicia por su mano o seguirá el mal ejemplo de sus gobernantes. Y de la corrupción de unos pocos, se pasa a la corrupción generalizada de una sociedad a la que le quedan pocos referentes para salir de su embarrado letargo.

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Intermediarios

Por Fernando Seco | abril 22, 2013

Leía con pena cómo los afamados e historiados Laboratorios Pérez Giménez de Córdoba estaban siendo sometidos a todo una serie de influencias, presiones e intereses que estaban dificultando la supervivencia de la empresa. En proceso concursal desde hace casi dos años, la compañía del Calmante Vitaminado entra en un proceso de liquidación. Un proceso judicial en el que si no media una oferta plausible para el administrador concursal, se entra en un proceso de subasta, donde los acreedores tienen todas las papeletas -con todo el derecho del mundo-, en ejecutar sus garantías y hacerse con la compañía. Y a esperar el destino que consideren oportuno dar a los laboratorios.

La pena a la que me refería procede de la lectura de que, al parecer, algún partido, algún sindicato y algunos intermediarios han liado todo el proceso con el objetivo de arrimar cada uno el ascua a su sardina. De esta forma, la sardina está asada antes y te la comes a placer, dejando a los demás con la boca abierta. La experiencia dice que cuando en cuestiones empresariales se introduce la variable política, el asunto se echa a perder. Con buena o con mala intención. La política sirve para hacer política, no empresa. Y es, por tanto, un factor desestabilizador de todo proceso de negociación empresarial. Los intereses pueden resultar los mismos a largo plazo –por ejemplo, la estabilidad laboral-, pero los medios empleados son distintos.

Además, cuando en un proceso empresarial de este calibre se crea la necesidad de contratar a un intermediario entre empresa y administración –totalmente lícito, sobre todo cuando hay un conflicto laboral o se requiere de ayuda pública para su relanzamiento-, el asunto toma mal cariz. Eso no solo ha sucedido en Laboratorios Pérez Giménez. Ni sucede solo en Andalucía. Es una figura que se da con bastante frecuencia en toda España, para no alejarnos demasiado.  Y aunque hayan existido casos en los que el resultado final haya sido exitoso, han sido muchos más los fracasos. Y ejemplos en la industria andaluza los hay a patadas.

El ejemplo de Pérez Giménez nos debe llevar a la consideración de que cada cual debe dedicarse a lo suyo. Y si en política existe un modus operandi, en el mundo empresarial también existe un modo propio de trabajar, que no es otro que asegurar la rentabilidad de un negocio para que todos –empresarios y trabajadores- puedan obtener un sustento digno.

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De baches, pisos y comidas

Por Fernando Seco | abril 20, 2013

Demasiadas cosas importantes se acumulan en el buche informativo. Hablemos de baches, pisos y comidas, por orden de menor a mayor importancia y con el denominador común de que se trata de carencias –en este caso- propias de un país tercermundista. Como usuario de motocicleta –junto con al menos otros 40.000 sevillanos- no puedo ignorar que diariamente tengo que sortear gran cantidad de baches por la ciudad más bonita del mundo. Antes tenías que estar pendiente del tráfico para circular sin peligro; ahora tienes que estar pendiente además de los profundos y grandes baches que viven a sus anchas en nuestras avenidas y calles. El peligro de que se produzca un accidente es muy real. Así es que el Ayuntamiento debería de tomar nota y ponerse manos a la obra, dicho con toda la literalidad de la expresión. Cualquier día –o noche- tenemos un disgusto.

Sobre la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios que el Congreso acaba de aprobar con los votos del PP, solo se puede decir que es mejor de lo que había antes y que parece estar pensada para mejorar las condiciones del contrato hipotecario en todo momento con la introducción de medidas de salvaguarda para situaciones críticas como la actual. Se han recogido sugerencias de todos los partidos –por lo que se puede leer-, pero no las abusivas. Me importa un pito que la ley sea de uno o de otro partido, es mejor y es más racional (confrontar con información de ayer en páginas 52 y 53). Los partidos tendrían que ser más honrados a la hora de presentar sus acuerdos y diferencias.

Cuando era chico hacia tres comidas al día en el colegio. Entraba a las 8.00 ó 9.00 de la mañana –eran tiempos de Franco y ya no me acuerdo- y salía hacia las 17.00 ó 18.00 de la tarde. Tenía media mañana, comida y merienda. Y no era pobre. Y tampoco era gratis. Señoras y señores, gratis no hay nada, alguien paga las cosas. La Junta de Andalucía ha anunciado un plan para dar tres comidas gratis al día a los niños pobres andaluces. Argumenta que uno de cada seis niños está en situación de pobreza extrema en Andalucía. Lo primero que se puede decir es que efectivamente, el primer derecho básico de la persona es su sustento. Y si estamos en esa situación de pobreza extrema en nuestra infancia –cosa que ignoraba-, hay que poner remedio y examinar las causas. Lo segundo, para evitar equívocos, habría que definir pobreza extrema. Lo tercero, la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza y puestos de trabajo. Y cuarto, a modo de consejo: no hace falta que los niños se enteren en el cole de que son pobres. No les robemos su inocente felicidad.

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